Reforma política: La consagración de la autonomía en el orden local sigue siendo una deuda pendiente en Mendoza a pesar de que lo exige el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Es por ello que todavía los municipios mendocinos se siguen rigiendo por la ley orgánica de municipalidades –la famosa 1079- dictada por la provincia.
Con el fin de echar un poco de luz sobre esta deuda institucional mendocina, iniciamos en esta edición una serie de consultas a especialistas. En esta ocasión largamos con la opinión de nuestro siempre presto colaborador, Alberto Montbrun, quien patea el tablero, va más allá y propone la implementación de un régimen que otorgue autonomía a las comunidades locales, no solo al departamento. ¿Chacras autónoma? Veamos.
En nuestro país existen dos sistemas básicos de ordenamiento de la cuestión municipal. El más común y generalizado es el denominado “municipio urbano o sociológico” en función del cual se reconoce la posibilidad de una unidad de gobierno municipal a cada ciudad, pueblo o villa que tenga una determinada cantidad de habitantes en relaciones de vecindad. Normalmente el mínimo de habitantes oscila entre 500 y 2000 según la provincia. ASÍ, por ejemplo, en Córdoba hay cerca de doscientas cincuenta municipalidades, en Entre Ríos, La Pampa o Corrientes hay más de sesenta y en Santa Fe hay alrededor de cuatrocientas municipalidades y comunas.
Sólo cuatro provincias, entre ellas Mendoza, adoptan el sistema denominado “municipio departamento” o “municipio partido” que es un engendro inventado por Bernardino Rivadavia cuando suprimió los cabildos e introdujo este esquema para la provincia de Buenos Aires en 1825. Nuestra provincia, así como la Banda Oriental, copiaron ese formato.
Democracia local vs municipio departamental
La característica del “municipio departamento” es que consiste en una vasta extensión territorial arbitrariamente establecida y demarcada, con muchas comunidades en su interior. Las autoridades municipales residen en la “villa cabecera” que es usualmente la ciudad más importante y desde allí proyectan su poder a todo el territorio departamental. Se trata de un tema esencialmente relacionado con el autogobierno. El más elemental concepto de democracia implica gobierno propio. Una persona que vive en Chacras de Coria, Chilecito, Monte Comán, Villa 25 de mayo, Palmira, Bowen, Eugenio Bustos, Drummond, Lunlunta, San Roque, Gutierrez, Uspallata, o cualquier otra localidad mendocina que no sea cabecera, aunque sea mayor de edad y lea y escriba, no puede tener injerencia alguna en las decisiones de su comunidad porque éstas son tomadas a muchos kilómetros de distancia por un intendente bonachón y comprensivo que “alguna cosita le va a dar” a cada distrito para que se vea su preocupación e interés.
También se debe tener en cuenta que normalmente en los departamentos la población está muy descompensada y entonces el peso electoral de las villas cabeceras, salvo alguna excepción, hace que las prioridades de gobierno sean para estas ciudades, en detrimento de las más pequeñas. Esto explica PORQUÉ, a lo largo de nuestra historia, las villas cabeceras tuvieron antes beneficios de la calidad de vida como pavimento, redes de agua corriente y cloacas, gas natural o iluminación pública, mientras las otras comunidades debieron esperar años o décadas para acceder a ellos, y muchas aún no lo hacen. Es natural que sea así porque obviamente los votos están más agrupados en las zonas más pobladas, pero es un sistema injusto y discriminador dado que todas las personas son iguales ante la ley y deberían por ello tener los mismos derechos.
La autonomía municipal adeudada
En general toda dirigencia política de la partidocracia habla mucho de autonomía municipal pero soslaya y omite un dato crítico: la autonomía municipal es un concepto que se corresponde con un concreto presupuesto sociológico que es la comunidad local, es decir la convivencia basada en relaciones de vecindad. No es al departamento sino a la comunidad local a la que corresponde reconocerle la autonomía. La autonomía es inherente a la comunidad local dado que ésta es un conjunto de personas viviendo y evolucionando en relación de vecindad, como comunidad política, con características comunes y, a la vez, diferenciadas de otras comunidades.
Nuestra dirigencia se niega a considerar la posibilidad de reformar el actual sistema sencillamente, porque éste otorga muchísimo poder a los intendentes municipales que son suertes de gobernadores en escala reducida, gobernando y administrando una amplísima extensión territorial y poblacional.
Uruguay tenía este problema y a partir de la llegada de la izquierda democrática al poder en 2010 implementó una reforma que permitió el acceso a la autonomía de cerca de ochenta villas y pueblos. Además, ninguna argumentación autoriza, a nuestro juicio, a privar a los habitantes de cualquier poblado, por pequeño que sea, del derecho a gobernarse por sí mismos, sobre todo si se tiene en cuenta que el municipio urbano es absolutamente usual en nuestro país y en el resto del mundo.
Los delegados municipales
En nuestro actual sistema político, el Intendente tiene sus propios “ojos y oídos” en la localidad, que es el delegado municipal, pero éste es un empleado que responde a los intereses del intendente y no de la propia localidad.
Existen propuestas sobre la conveniencia de hacer electivos los cargos de delegados municipales, pero esto sería absurdo, ya que no se puede reglamentar lo que está mal. Elegidos por el pueblo o no, éstos sólo tienen el poder que les delega el intendente. La reforma debe ser más profunda y encaminada a dotar de autonomía a sus ciudades, pueblos y villas. Se trata de asegurar a los vecinos y vecinas de cada rincón de la provincia las herramientas necesarias para participar de las decisiones de gobierno que afectan directamente la calidad de su vida cotidiana. No se trata de crear más burocracias sino autogobiernos pequeños, económicos, y flexibles pero sobre todo más representativos y eficaces.
La reforma y sus costos
La partidocracia, al hacer todos los cargos políticos rentados, ha generado un modelo cultural perverso y terrible: el político vive de la política, es decir los políticos viven de los cargos rentados. Por eso se quedan atados a los cargos tan enfermizamente. Nosotros, cuando hablamos de democracia local, pensamos que el único cargo político rentado debe ser el del comisionado municipal y después se integra un pequeño concejo local de tres o cinco personas que destinan una parte de su tiempo a la cosa pública pero no viven de la política sino de su trabajo. Todos son democráticamente elegidos. Es pensar de otra manera, buscando una democracia más directa.
“No se puede hablar de democracia sin participación popular en la gestión de la política, y eso no existe en decenas de pueblos, villas y ciudades de la provincia gobernadas a muchos kilómetros de distancia por una estructura centralizada de poder”.
Quien opina es Alberto Montbrun, Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor Titular de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente Concejal de la Ciudad de Mendoza por el Frente Amplio Progresista.
