Dr. Alberto Montbrun
Profesor de Derecho Público
UNCuyo – UNLar
¿Es realmente necesaria la reforma de la Constitución provincial? Yo contesto que si, si realmente queremos cambiar algo, pero diría que no si la idea es dejar todo como está salvo algún arreglo cosmético.
Que por los menos veinte provincias hayan renovado sus constituciones después de 1986 ¿no implica que en Mendoza estamos retrasados? Lo dudo. Mencione el lector o lectora qué provincia tiene un sistema institucional mejor que el de Mendoza o en qué provincia los derechos de la ciudadanía están más protegidos.
¿Qué la Constitución sea de 1915 no implica que es muy antigua? Yo pienso: La Constitución de EE UU es de 1787 y ha sido reformada numerosas veces por enmienda. ¿Por qué no lo hacemos con la nuestra? La enmienda se ha usado en Mendoza en 1939, 1985, 1990, 1991, 1997, 2005, 2009 y 2011, entonces ¿por qué no seguimos por ese camino?
El proyecto enviado por el gobernador a la Legislatura promoviendo la reforma de la Constitución de Mendoza no es serio. Ninguna persona inteligente –y sostengo que la inmensa mayoría lo es– se va a creer que gracias a la reforma de la Constitución vamos a gozar de todos los derechos que la ineptitud de nuestros líderes y las condiciones generales de la economía nos impiden disfrutar. ¿En serio que nos tenemos que creer que por poner el derecho a la vivienda en la Constitución podremos acceder a una? Multiplique el lector y lectora este ejemplo por cien. Muchas constituciones provinciales han entrado en esa onda y ahora hasta parecen ridículas.
¡Derechos a declarar que el mundo se va a acabar! parece ser la consigna. La doctrina constitucionalista no obstante (Bidart Campos, Ekmekdjian, Mercado Luna, Pérez Guilhou y muchos otros) advierte contra las declaraciones de derechos en las constituciones provinciales. Es que ya están todos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella (artículo 75 incisos 22 y 24). No se necesita más porque, además, existen innumerables leyes de todo tipo sobre estos derechos, leyes que el propio texto del gobernador cita. Lo que se necesita es hacer efectivos estos derechos a través de políticas públicas concretas, no seguirlos amontonando en largas e inútiles –y repetitivas– declaraciones.
De paso, ya que machacamos tanto con los derechos, podríamos pensar en empezar a poner declaraciones de deberes y obligaciones ciudadanas. Pagar los impuestos, cumplir con la ley y no manosearla para satisfacer intereses personales, actuar solidariamente, se me ocurre. Algunas constituciones provinciales ya lo están haciendo.
El gobernador busca reconocer el derecho a la igualdad política y promueve el voto a los 16 años, lo cual me parece correcto porque si un joven a esa edad puede ser imputado penalmente con más razón se le debe permitir votar. Pero curiosamente nada dice del voto de los extranjeros ¿será porque a nivel nacional abandonaron ese proyecto reparador? Pero ya dos jurisdicciones – la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires – reconocen el derecho de voto a los extranjeros para todos los cargos, para eso si sería bueno reformar la Constitución.
Los mecanismos de democracia semidirecta son importantes, pero, de nuevo, podrían implementarse por ley. Por lo menos la iniciativa popular, la consulta popular, el referendo para ciertos temas y las audiencias públicas pueden ser implementados desde un formato legal al igual que la creación de la figura del Defensor del Pueblo. Sólo la revocatoria popular de mandatos debería tener anclaje constitucional.
Hay dos temas muy trascendentes respecto al perfil institucional de Mendoza que ni siquiera se mencionan en la propuesta. Sólo los menciono porque ellos sí justificarían una reforma constitucional.
Una Legislatura unicameral. Ya hemos señalado varias veces que no tiene ningún sentido en la dinámica actual de la sociedad tecnotrónica el mantenimiento de un sistema legislativo pesado, lento y burocrático como una Legislatura de dos cámaras. Una sola cámara que compense adecuadamente la población y el territorio y garantice la presencia de las minorías sería suficiente para Mendoza. La actual Legislatura bicameral con 86 legisladores que representan lo mismo no tiene sentido.
El otro tema esencial es el de implementar un régimen municipal de autonomía para todas las comunidades locales de la provincia y no para el departamento. No se puede hablar de democracia sin participación popular en la gestión de la política, y eso no existe en decenas de pueblos, villas y ciudades de la provincia gobernadas a muchos kilómetros de distancia por una estructura centralizada de poder. Sólo cuatro provincias argentinas tienen este régimen anacrónico y antidemocrático, que viene de la época de Rivadavia. Pero el modelo actual es particularmente favorable a la acumulación de poder y la partidocracia no lo quiere cambiar. Se trata de un tema esencialmente relacionado con el autogobierno.
El más elemental concepto de democracia implica gobierno propio. Pero si usted vive en Chacras de Coria, Chilecito, Monte Comán, Villa 25 de mayo, Palmira, Bowen, Eugenio Bustos, Drummond, Lunlunta, San Roque, Gutierrez, Uspallata o cualquier otra localidad mendocina que no sea cabecera, aunque usted sea mayor de edad y lea y escriba, no puede tener injerencia alguna en las decisiones de su comunidad porque éstas son tomadas a muchos kilómetros de distancia por un intendente que no es del lugar. Por supuesto, el Intendente tiene sus propios “ojos y oídos” en la localidad, que es el delegado municipal, pero éste es un empleado que responde a los intereses del intendente y no de la propia localidad.
¿Y cuál fue la digna reacción del resto de la partidocracia respecto a la convocatoria del gobernador? ¿Aceptar la invitación y ponerse a debatir democráticamente? ¿Generar una amplia apertura a la sociedad para receptar inquietudes y opiniones? ¿Consultar a personas expertas para ilustrarse de posibles mejoras institucionales? No, la reacción fue cerrarse en bloque y negarse a abrir el debate porque “no están dadas las condiciones”. No me llama la atención la actitud de los conservadores, ya que discutir con los demócratas la reforma de la Constitución es mas difícil que discutir mecanismos de prevención de embarazos con el Papa. Pero me duele particularmente el rechazo a la reforma por parte de la UCR, partido al que tanto quiero a pesar de su manifiesto giro a la derecha y que tuvo durante décadas una tradición reformista. La conclusión parece clara: salvo la reelección del gobernador que interesa hoy al justicialismo, en el fondo la partidocracia no quiere cambiar profundamente nada.
