Matías Quiroga, Micaela Tatti y Emanuel Páez. El primero un joven de 21 años, la niña de 13 y el muchacho de 15 fueron asesinados en estos últimos días.
Cada uno de ellos tenía toda la vida por conquistar pero abrupta y miserablemente se las arrebataron. Y junto con sus vidas arruinaron las de sus padres, hermanos y amigos.
¡Cuánto vacío deja en el hogar el hijo que salió sano y feliz y al rato sus padres lo reconocen muerto! ¿Quién de nosotros es verdaderamente capaz de comprender ese dolor?
Ciertamente, toda muerte nos provoca espanto, pero cuánto más cuando ésta es provocada por la locura o insensatez de unos delincuentes que prófugos volverán a reincidir.
La sociedad mendocina vive abrumada, perpleja e indignada frente a estos hechos que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes.
El reclamo de las familias de los asesinados surge desde el desgarro, desde el dolor, desde la impotencia. No hay reclamo más justo que pedir justicia, no venganza. ¿Pero a quién reclamar cuando la culpa la tienen todos y nadie?
Las marchas pidiendo justicia, que son manifestaciones solidarias y afectuosas hacia las familias que perdieron a sus hijos, demuestran el grado de una bronca social cada vez más efervescente en nuestra provincia.
Estos últimos días se realizaron tres marchas multitudinarias. La consigna siempre fue la misma: “Marchar en paz, sin banderías políticas, sin provocaciones”. Sin embargo, en Maipú, cuando se reclamaba justicia por el asesinato de Emanuel, se produjeron incidentes no deseados por los familiares y organizadores del reclamo. Hubo algunos desmanes y destrozos en espacios públicos. Incluso agresiones verbales a las autoridades presentes que debieron esconderse en el Municipio. Esto debe tomarse como una voz de alerta.
El mendocino es pacífico y tranquilo; pero no es tonto. Ya está harto de las mentiras y falsas promesas de los políticos que desde hace 30 años vienen prometiendo seguridad.
El último ex gobernador electo prometió que en seis meses disminuiría en un 60% el índice de inseguridad en Mendoza. Tenía el “mapa del delito” y designó como subsecretario de Justicia a Carlos Rico, hoy procesado por delitos de lesa humanidad. Dicha promesa nunca se cumplió y hoy la situación es peor que hace cuatro años. La gente tiene memoria de su inseguridad porque la sufre diariamente.
Frente al fuerte reclamo social los políticos salen a improvisar respuestas. La actual oposición propone soluciones que nunca llevó a cabo cuando era el oficialismo y el oficialismo actual no hace lo que proponía cuando fue oposición. La gente tiene memoria de todas las mentiras políticas.
Desde hace treinta años se reitera el mismo discurso político sobre la inseguridad. “No es un problema que tenga solución en forma inmediata”. “Hay que elaborar planes a mediado y largos plazos”. Entonces la pregunta obvia es: ¿si ya sabían, hace treinta años, que debían proyectarse programas a medianos y largos plazos, por qué no lo hicieron entonces? ¿O es que todavía no comienza ni siquiera el mediano plazo?
El gobernador Pérez reconoció con sinceridad -lo que ya se sabe desde hace mucho tiempo- que la inseguridad es un problema que mezcla varios aspectos: la educación de los niños, la pobreza y marginación, la falta de policías, las cárceles hacinadas, la justicia lenta…, etc. etc.
Un diagnóstico correcto y por todos conocidos. Pero, en realidad, la cuestión es: ¿Por dónde empezamos de una buena vez por todas?
