Por estos días recordamos aquellos muy movidos del mes de mayo de 1810 en los que un grupo de vecinos de Buenos Aires decidió movilizarse para cambiar su historia. Fue el punto cúlmine de un proceso que había empezado algunos años antes y terminaría muchos más después. Con mayor o menor protagonismo, fueron parte del momento histórico que se estaba forjando. Y precisamente de eso se trata el proceso democrático: de hacerse parte, de formar parte de la historia que a diario escribimos en el libro grande de nuestra tierra.
Está claro que la participación del pueblo en la vida política, social y económica de su lugar no se concede graciosamente por alguien “desde arriba”, sino que es una consecuencia del derecho de las comunidades a decidir su destino. Al igual que ayer, esta participación constituye un aspecto esencial de los procesos de cambio que las sociedades van construyendo y en los que la calidad democrática alcanzada varía según el grado de participación de cada comunidad.
Vivir en democracia no implica participar solamente en el momento del voto, una vez cada dos años. Esto sería una versión light de la democracia, casi frívola. La democracia es esfuerzo y compromiso permanente, aunque cueste.
Y es que formar parte de las cuestiones cívicas implica un esfuerzo. Pero es un esfuerzo necesario si las personas pretenden ser protagonistas de sus destinos y no meras destinatarias de decisiones tomadas “desde arriba”.
Una de las maneras de protagonizar los cambios es militando los temas de interés público hasta llevarlos a la agenda política, principal función ésta de las organizaciones sociales.
Hoy, uno de estos temas cruciales para nuestra calidad de vida, es la agonía que viene sufriendo nuestro arbolado público ante la indiferencia de funcionarios y de la misma sociedad. Agonía que sólo puede revertir la participación comprometida de las comunidades trabajando en conjunto para que la revalorización de nuestro patrimonio forestal sea considerada como política de Estado, sólo así trascenderá los gobiernos y quedará internalizada en nuestra cultura (Pág. 5).
Otro tema es el conflicto entre vecinos producido por un error de la institución municipal. Se ha dispuesto de un espacio público que, como tal, es de todos, invocando la protección de una persona discapacitada. Erróneamente se acusa a los vecinos que se oponen a esta disposición de actitudes discriminatorias, cuando en realidad, no hacen otra cosa que hacer uso de un derecho que les cabe como ciudadanos: señalar lo que ocurre en un espacio público, de todos, y exigir una explicación. Está claro que la opinión de los vecinos es pluralista y expresa las diversas posiciones desde cada caso en particular, como también lo hace el autor de la nota de descargo publicada en Correo de lectores (Pág. 16) y beneficiario de la concesión municipal del espacio en cuestión. Cabe destacar que las reclamos de los vecinos coinciden por lo desacertado de la elección del lugar – que además genera un peligro para transeúntes y conductores-, no de la persona.
Articular intereses y sentimientos en común es una manera sensata de desarmar conflictos. Seguramente existen soluciones para resolver este malestar surgido en nuestra comunidad producto de una decisión errónea –una más- de nuestras autoridades.
