Un grupo de empleados de la fábrica Keghart denunció que eran obligados por sus jefes a arrojar residuos peligrosos en un antiguo pozo camuflado de más de cien metros. Queda demostrado que por ahorrarse costos, la empresa de calle Besares que fabricaba hipoclorito de sodio, contaminaba el agua de las napas más próximas al cauce Cacique Guaymallén.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados ya inició una investigación. La primera conclusión que surge es que hubo una maniobra delictiva, similar a la que contaminó en abril de este año el agua del canal que pasa por la zona industrial y desemboca en una de las piletas potabilizadoras de Obras Sanitarias Mendoza. La situación fue denunciada por los mismos empleados.
Los trabajadores Efraín Luengo y Fernando Carmona en diálogo con Correveidile contaron que en la empresa “no mantuvieron el proceso de la planta, si hubieran trabajado con conciencia esto no habría pasado”.
Lo de arrojar al colector cloacal fue otro caso más de falta conciencia. Según dice Fernando “utilizaron las cloacas para bajar el nivel de las piletas del fondo, porque la Secretaría de Medio Ambiente estaba vigilando el sistema., pero en lugar de tomar la solución líquida, chupó el barro y se taponó”.
Es muy probable que los empleados de Keghart deban ir a declarar a la justicia para dar su testimonio sobre la veracidad de esta denuncia. Mientras tanto, la Municipalidad de Luján se ha comprometido a conseguirles trabajo.
Entrevista con Guillermo Carmona, Secretario de Medio Ambiente.
-¿Cuál es la situación actual y qué sigue luego de la denuncia?
-Con la clausura definitiva en el mes de abril nosotros aplicamos la máxima sanción que se le puede aplicar a un establecimiento industrial. Paralelamente pusimos a disposición del Estado provincial para lograr una relocalización de la empresa en función de la conservación de las fuentes de trabajo, pero la empresa, lejos de buscar avanzar en esa línea lo que hace es presentar una acción de amparo con una medida cautelar. Como ésta fue rechazada por la Dra. Abalos, del 20 Juzgado Civil, apelaron y en este momento el tema está en manos de una Cámara Civil.
-Una cuestión inquietante que da para sospechar que así como esta empresa ha sido capaz de hacer estos vertidos, otras más alejadas del área metropolitana, las petroleras por ejemplo, harán maniobras similares o peores. ¿Alcanzan los controles a detectar casos similares? Hasta qué punto es posible evitarlos?
-Los controles están funcionando razonablemente, si no, no nos hubiéramos enterado de lo de Keghart. Los controles fueron los que nos llevaron a tener en la mira a la empresa, que hiciéramos monitoreos periódicos, que el EPAS estuviera advertido también y Obras Sanitarias respecto de los estudios de sus laboratorios en donde se detectan metales pesados y eso dio como resultado que en el momento en que aparece mercurio por encima de los niveles aceptables se pudo detectar la situación rápidamente. Lo que no puede evitar el Estado es que se produzcan daños provenientes de accionar ilícito, me refiero tanto a los casos culposos provocados por accidente, negligencia o impericia por parte de la empresa y mucho menos cuando se trata de situaciones dolosas. El Estado no puede tener un inspector permanente en cada establecimiento.
-¿Hay algún tipo de alerta sobre las industrias que están tan cerca de los cauces de agua?
-Estamos ante un área crítica donde lo que uno visualiza es que en la época en que se radicaron dichas industrias se buscaba justamente la proximidad de los cauces como ha ocurrido también con el canal Pescara, eso era así para que las industrias erradicaran sus residuos, no existía el concepto de cuidado del agua. Esta situación que hoy está controlada por distintos organismos de todos modos es anómala y debemos remediarla, hay que poner una impronta mayor en la relocalización de dichas industrias y tenemos un instrumento para hacerlo que es la ley de Ordenamiento Territorial.

