Dr. Alberto Montbrun
Pocos abogados penalistas son tan prestigiosos en Mendoza como el Dr. Carlos Varela Álvarez. Pero son menos aún, los que se animan a contar sus historias en un libro, manteniendo, al mismo tiempo, la solvencia técnica del gran profesional y la emocionalidad de un joven estudiante de Derecho.
Carlos Varela Álvarez ha sido y es, por lo menos, un abogado polémico. Perteneciente a una generación de letrados que se hizo reconocida y famosa por abrir los espacios de la defensa jurídica de los Derechos Humanos, en todos los niveles nacionales e internacionales, fue capaz también de enfrentar los prejuicios sectarios de muchos de sus colegas y defender a personajes controversiales o tempranamente condenados (¿linchados?) en el tribunal de la opinión pública. “Por las fronteras de la Ley: Historia de mis casos penales” (Jagüel Editores, Mendoza, 2024) se lee casi de un tirón, como una suerte de colección de relatos policiales donde el asesino vendría siendo -al final de cada caso- el resultado del proceso penal: culpable, inocente, impune, sobreseído, con sentencia sin cumplir, etc.
Pero más allá de los casos puntuales, lo que el libro señala y denuncia es la constatación, una vez y otra vez, de cómo la complicidad perversa, en tantos casos, de policías, jueces y medios de comunicación impidieron, en los primeros años de la Democracia en Mendoza -y aún todavía en muchas provincias- la temprana y efectiva investigación y persecución de delitos aberrantes, como el secuestro y desaparición de personas, los homicidios o los delitos donde policías o personas del poder estaban involucradas.
Así, el libro recrea, por ejemplo, las desapariciones, con intervención de policías de Mendoza en plena Democracia que van desde casos prácticamente desconocidos, como el de Roberto Castañeda (1989) o Mario Gómez Yardez (1990) -un caso escalofriante de complicidad entre la policía y la justicia para condenar a un inocente que había sido brutalmente torturado y que gracias a la tenacidad de Varela Álvarez terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta otros mucho más públicos como la desaparición forzada de Raúl Baigorria y Roberto Garrido (arrestados por la policía en la rotonda de Monseñor Orzali, del Parque General San Martin, ante muchos testigos, en 1990) y la de Paulo Christian Guardati (1992) que fue, también, el primer caso en el que me tocó intervenir como Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado. Una anécdota: Paulo desapareció arrestado por policías del Destacamento La Estanzuela la noche del 24 de mayo. De inmediato, con gente de los Derechos Humanos entre quienes estaban Alfredo Guevara padre e hijo, la inolvidable Pocha Camín, la Pastora Verhoeven y Ramón Abalos denunciamos a los medios una vez y otra vez la situación. Recién en agosto, Los Andes se dignó a sacar una nota sobre el tema y a partir de allí el proceso no se detuvo. Ante el fracaso de la justicia provincial por investigarlo terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como si eso no fuera poco, en 1997, el joven Sebastián Bordón fue detenido y torturado por policías de San Rafael, Mendoza y su cuerpo arrojado a un barranco en El Nihuil, cuando ya toda la opinión pública del país estaba atenta al caso.
Mención aparte, merecen tres mujeres extraordinarias asesoradas por Carlos Varela Álvarez que supieron transformar el terrible dolor por la pérdida de sus hijos en una vocación inclaudicable por la construcción de capital social y la promoción y el fortalecimiento de la civilidad. Me refiero en primer lugar a la querida Hilda Lavizzari, madre de Paulo Christian Guardati; a la venerada y amada Quitita Neme, madre de Nito y fundadora de FAVIM y a Susana Trimarco, mamá de la aún desaparecida Marita Verón. Todas ellas, en vez de refugiarse en la mera queja, en la protesta o el reclamo estruendoso e inconducente, se convirtieron en importantes animadoras sociales.
Hipólito Irigoyen solía decir “El Código Civil es para los ricos, el Código Penal es para los pobres” y la afirmación se fortalece a la sombra de muchos de los casos que relata Varela Alvarez, donde personas humildes, una y otra vez, se han visto sometidas a tratamientos brutales, penalidades indebidas y esperas interminables en casos de acusaciones falsas o para tratar de saber qué había pasado con sus hijos. Impera -en la mayoría de los casos porque son pobres- el cinismo y el destrato por parte de los poderosos (definamos en este caso “poderoso” como un infeliz con un poquito de poder).
Muchos otros casos evoca Carlos como fruto de su frondosa carrera, sin dejar de reconocer en su lucha a algunos abogados valientes e inolvidables que ya partieron, como Omar Venier o el entrañable “gordo” Alfredo Guevara, hasta la mención de tantos jóvenes que se capacitan diariamente con él, en la militancia de una abogacía que persigue un solo fin:
Justicia: igual para todos.
